PLAN DE TARIFAS ELÉCTRICAS SOLIDARIAS BENEFICIARÁ A FAMILIAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA

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  • Beneficio será asignado tomando en cuenta focalización individualizada, cantidad de energía consumida y situación socioeconómica de la familia.
  • Aplica para los primeros 100 kWh facturados.  Familias en pobreza extrema tendrán beneficio del 100% y las de pobreza básica del 50% después de cancelar entre ¢744 y ¢1.300 que incluye  el costo fijo de estar conectado al sistema de la red, el tributo a Bomberos, alumbrado público y costo variable de combustibles.
  • Esquema tarifario será definido por ARESEP y se financiará con recursos del sector residencial; no se contará con recursos de otros sectores, ni fondos del Gobierno ni de sus instituciones.

 

El Gobierno lanza el Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias como un mecanismo para seguir profundizando las acciones de erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, mediante la focalización del beneficio en consumo eléctrico.

Este plan es el resultado del Diálogo Nacional de Energía Eléctrica llevado a cabo, de manera amplia y participativa, de setiembre 2014 a abril 2015, con la participación de representantes de la sociedad civil, instituciones públicas, cámaras empresariales, partidos políticos, generadores de electricidad, distribuidores de electricidad, colegios profesionales, sindicatos, organismos de cooperación y universidades.

Con el fin de que el beneficio alcance a la población que más lo requiere, el plan se otorga a aquellas familias ubicadas por debajo de la línea de pobreza básica o extrema, incluidas en el programa vigente de reducción de la pobreza del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), durante un período definido y acotado.

BENEFICIO FOCALIZADO E INDIVIDUALIZADO

La tarifa eléctrica residencial ha contado -sin variación durante los últimos 20 años- con un subsidio al bajo consumo que se hace efectivo sobre el primer bloque de consumo tarifario (hasta 200 kWh); sin embargo, esto no garantiza que el beneficio llegue específicamente a los grupos más vulnerables.

“El plan de tarifas eléctricas solidarias es un importante resultado de la política energética nacional, que ayudará a las familias en situación de pobreza a salir adelante, mientras que promueve la eficiencia en el consumo eléctrico. Nuestro objetivo en la generación de una energía eléctrica limpia para Costa Rica es también que su distribución sea equitativa y pueda ser accesible para la población más vulnerable del país”, afirmó el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez.

Es necesario fortalecer una visión de solidaridad con las familias más pobres de la sociedad con la finalidad que puedan  contar con más beneficios que les permitan salir de su condición.

“Contar con políticas públicas diferenciadas y priorizadas que impacten las tarifas de los servicios públicos, nos permiten impregnar el principio de solidaridad y de esta forma generamos acciones concretas sostenibles, para que las familias en condición de pobreza puedan alcanzar mejores condiciones de vida y satisfacer sus necesidades básicas. Esto sin duda impactará la pobreza multidimensional”, indicó el Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente del IMAS, Emilio Arias

La Administración Solís Rivera atiende las familias en pobreza y pobreza extrema incluidas dentro de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo, que coordina el Consejo Presidencial Social y es ejecutada con la articulación de 12 instituciones. Con base en la identificación del Sistema de Población Objetivo (SIPO) Puente al Desarrollo atiende a familias divididas en dos grupos: uno primer de 27.300 que han estado recibiendo atención desde al año 2015 y actualmente, a la fecha de presentación de este plan (31 de julio del 2017) se está integrando un segundo grupo de 27.300 familias cuya atención inicia a finales del 2017 y durante el año 2018.

El beneficio será asignado tomando en cuenta elementos como la focalización individualizada, la cantidad de energía consumida y la situación socioeconómica de la familia y aplica para los primeros 100 kWh facturados. Las familias en pobreza extrema tendrán beneficio del 100% y las de pobreza  básica del 50% del consumo, luego de cancelar entre ¢744 y ¢1.300 que incluye el costo fijo de estar conectado a la red, el tributo a Bomberos, el alumbrado público y variación al combustible.  “La facturación mantendrá el financiamiento a otros sistemas, contribuciones específicas como es el caso de los costos fijos por estar conectado a la red de sistema de distribución eléctrica, el tributo a Bomberos, el alumbrado público y el costo variable de combustibles. Las familias siempre pagarán un monto por estos rubros; sin embargo, el beneficio en el consumo de la energía, será de acuerdo a su condición de pobreza”, así lo ha señalado la Vice Ministra de Energía Irene Cañas Díaz.

El esquema tarifario será definido por la ARESEP y se financiará con recursos del sector residencial; por medio de un mecanismo ya establecido y no se contará con recursos de otros sectores, ni fondos del Gobierno ni de sus instituciones y con un mecanismo establecido (ver infografía).

“Este es un plan diseñado para favorecer a nuestras familias más vulnerables y fortalecer la solidaridad que nos distingue como país. Surge de un amplio y participativo diálogo nacional, como una forma de reducir pobreza, fomentar equidad y mejorar la eficiencia energética. Nuestra Administración tiene una clara ruta para trabajar, de manera permanente y constante, por la reducción de la pobreza en un marco de respeto de los derechos humanos de la población y llamando la atención de que debemos resolver problemas estructurales como el déficit fiscal que le genere al Estado recursos para la inversión en educación, salud, vivienda e infraestructura pública, que genere empleo y mejores condiciones para todos los sectores nacionales”, enfatizó el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera.

Con el objetivo de mejorar las condiciones en las instalaciones y propiciar que las conexiones eléctricas de los hogares beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos, las empresas distribuidoras realizarán alianzas público-privadas. Esto deberán coordinarlo con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, las universidades, los proveedores de equipos y materiales u otras organizaciones que deseen contribuir con esta iniciativa.

“El beneficio que estamos impulsando en el pago de la factura eléctrica permitirá a las familias disponer de recursos adicionales para la atención de sus necesidades básicas, desarrollar emprendimientos productivos y mejorar su calidad de vida. Somos un país que se ha caracterizado por ser solidario, y trabajamos con el eje transversal de los derechos humanos; por eso nuestros esfuerzos están dirigidos a las acciones propositivias que permitan a estas familias superar su situación de pobreza; objetivo que está plasmado en la Estrategia Puente al Desarrollo y la Estrategia Nacional de Empleo”, señaló la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría.

Este plan surge de la  participación del  IMAS, el Ministerio de Trabajo y la coordinación del MINAE como una herramienta de movilidad social para las familias en pobreza y pobreza extrema y que es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, el Plan Nacional de Energía 2015-2030 y los objetivos 1 y 7 de eliminación de la pobreza  y de energía asequible y no contaminante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El Plan de Tarifas Eléctricas Solidarias fue presentado en un acto especial en las instalaciones de CEDES Don Bosco en Concepción de Alajuelita con la presencia de familias, representantes del Diálogo Nacional de Energía Eléctrica y autoridades nacionales.