Alvarez Desanti busca anulación de ley para seguir con beneficio!

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Antonio Álvarez Desanti, ha hecho de todo para que en base a la Ley de Contratación Administrativa no le quiten a él y su familia los contratos que actualmente tiene con el estado y también pensando en suscribir futuros contratos con el Estado.

De acuerdo a la normativa vigente el y sus familiares están impedidos igual que los demás a los miembros de los supremos poderes de participar en contrataciones con el Gobierno, algo que ya sucedío con el al ser diputado desde el 2014 y que se mantendría de llegar a ganar  las elecciones del 2018.

Según informes de la Contraloría General de la República el candidato liberacionista desde marzo del 2014 aún sin haber tomado posesión en la Asamblea Legislativa como diputado les pidió  que le quitaran la prohibición, la cual en su momento fue denegada “ad portas” porque podría aplicarse únicamente a los familiares, más no a los propios funcionarios.

Más tarde en ese mismo año, Desanti presentó un recurso de amparo ante la Sala IV y también solicitó una acción de inconstitucionalidad para que los artículos de esa Ley quedaran sin efecto y poder seguir con su participación en contratos con el Estado. La encargada de Prensa de la Sala IV, Vanlly Cantillo, confirmó que esos expedientes aún están en estudio.

Ahora el caso es diferente de cuando se es diputado porque si llegara a ser presidente la Ley es clara en cuanto a que los que tendrían prohibición él y sus familiares directos.

Recordemos que la esposa de Antonio Álvarez, la señora Nuria Marín Raventós, heredó un negocio inmobiliario de su abuelo, del cual hasta el día de hoy tres edificios se los alquilan al Estado: dos al (MEP) y uno al Ministerio de Hacienda, por lo que recibe mensualmente unos ¢210 millones de colones.

Aún así el candidato jura y perdura que su esposa es solo una accionista minoritaria en esa sociedad anónima, por lo que esa Ley no la afecta en lo más mínimo. Aún así dijo que acudió a la Sala IV para que le levanten las prohibiciones, pues las reglas cambiarán una vez que el país culmine su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la Controlaría dijeron que lo que busca esa Ley es evitar que un funcionario público se aproveche y termine obteniendo beneficios indebidos.

fuente:noticostarica.com

 

NOTA DEL EDITOR:

El Señor Alvarez Desanti, y su familia, perciben 210 millones de colones mensuales por arriendo por parte del estado en esos inmuebles, no sabemos de otros. Eso representa al año 2,520 millones de colones en un plazo de 10 años, eso es la suma de 25,200,000,000.00 de colones, eso es una gran cantidad de dinero. Acaso no puede el gobierno hacer mejor un prestamos y construir sus propios edificios y pagarlos con esos dineros que hoy le llevan a las arcas familiares de ciertos políticos. Por alquileres de edificios viejos, obsoletos, a los cuales no se les remodela ni repara por parte del propietario. Es hora de cambiar y hacer buenos negocios, pero para todos los costarricenses, no solo para unos. Yo ya estoy cansado y usted?